Tres importantes cartas de opinión acerca del aborto y la legislación que está por aprobarse en nuestro país, se publicaron este mes de junio en el diario de circulación nacional “El Mercurio”.
La primera carta publicada el 03 de junio del presente año, corresponde al Arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomali, quien expresa claramente la frialdad de este proyecto de ley y como coacciona la ética y principios de las personas que trabajan en el área de la salud, al ir en contra de su juramento hipocrático de respetar y salvar la vida del prójimo.
“No entregar cuidados terapéuticos adecuados a un paciente que lo requiere es dejarlo morir. De aprobarse en esos términos esta ley, marcaría un punto de inflexión respecto del derecho que tiene todo ser humano a que se le respete su vida, y también respecto del ethos de la medicina” expresa monseñor Fernando Chomali en su mensaje.
Monseñor Fernando Ramos Pérez, obispo auxiliar de Santiago y Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile, fue el autor de la segunda carta publicada en este medio impreso el pasado 13 de junio. Su criterio al respecto menciona el hecho de que no se considera las opiniones de todas aquellas instituciones de salud que no están de acuerdo con esta ley al verse obligadas a ir en contra de su definición institucional.
¿Acaso el Estado puede decidir por ellas?, es una de las interrogantes que plantea el Secretario General de la Cech y subraya el hecho de que no se están estudiando con claridad las consecuencias que esto puede traer al país. “No es humano, ni democrático, ni cívico que el Estado imponga a parte del personal de salud, ni a nadie, una conducta que no solo va en contra de su discernimiento en conciencia, pues comprende con claridad que es un mal al que lo obligan, sino que también va en contra de su compromiso por custodiar y salvar la vida humana, lo que en sí mismo es un bien” aseguró monseñor Fernando Ramos.
Siguiendo este mismo orden de ideas, se pronunció el 15 de junio el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán Jara, afirmando que el Estado menosprecia y desvalora el trabajo de todas aquellas personas que no son médicos al no tomar en consideración su objeción con respecto a este tema; “matronas, enfermeras, arsenaleras y asistentes serán siempre testigos silenciosos y pasivos frente a las decisiones del médico en casos de aborto”, resumiendo así que acabar con la vida del que está por nacer es sólo decisión e interés de algunos pocos.