La Conferencia Episcopal de Chile pidió medidas urgentes que "efectivamente pongan en el centro el bienestar y la vida de los niños y niñas, entendiendo que son sujetos de derecho y que el cuidado de su dignidad debería ser una prioridad efectiva para el quehacer del Estado, como garante de sus derechos, y de la sociedad en su conjunto".
En una declaración, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Mons. Santiago Silva, junto al presidente del área Pastoral Social Caritas, Mons. Pedro Ossandón, abordan la situación en Chile de los niños, niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos que, "en lugar de recibir el amparo y protección de parte de nuestra sociedad y de los organismos del Estado, son afectados por graves situaciones de maltratos, abusos y hasta muerte".
El texto recuerda que la situación del SENAME y sus organismos colaboradores constituye un drama que se extiende desde hace décadas y que demuestra una responsabilidad grave, no sólo de los poderes de Estado, sino de toda la sociedad chilena.
"Es un hecho evidente que no contamos con la legislación, la institucionalidad ni la capacidad de gestión y aplicación de las leyes que estén a la altura de este drama nacional: el tormentoso día a día, noche a noche, que viven niños y niñas que supuestamente deberían recibir cuidado y protección", continúa la nota.
Propuestas desde la Iglesia y la sociedad civil
Los obispos recuerdan que desde hace años se ha planteado un conjunto de propuestas para abordar esta realidad escandalosa e indignante. Mencionan la opinión que en 2013 hizo llegar la Conferencia Episcopal a la primera comisión parlamentaria que investigaba las irregularidades en SENAME, y un reciente mensaje del Comité Permanente que denunciaba “la realidad de muchos niños y niñas de nuestro país, vulnerados en sus derechos en situaciones de riesgos apremiantes”.
Mons. Silva y Mons. Ossandón plantean su interés porque se puedan acoger propuestas que desde hace años se vienen planteando sobre esta materia, y que se relacionan, entre otros aspectos, con los siguientes:
a. La capacidad para atender la magnitud y complejidad de la situación de la infancia.
b. La evidente falta de recursos. De acuerdo a la experiencia de muchos organismos colaboradores de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, se estima que la subvención estatal alcanza a cubrir apenas entre el 40% y el 60% de las necesidades reales, debiendo estos propios organismos tener que gestionar los recursos adicionales para brindar una atención básica a niños y niñas.
c. La falta de estándares de calidad para una adecuada gestión de los organismos colaboradores.
d. Las debilidades de la ley de adopciones vigente.
e. El aumento del grado de vulneración y daño de los niños, niñas y adolescentes se expresa en la gravedad de los problemas de salud mental y trastornos psiquiátricos que los afectan y al que no se ofrece respuesta adecuada.
f. El diseño de implementación de una línea de trabajo que refuerce la capacidad de familias y comunidades para prevenir y acoger e insertar a niños y niñas vulnerados en sus derechos.
g. Al aumentar las exigencias de las normas técnicas del SENAME sin que se provean los recursos necesarios para atenderlas, muchas veces esto se traduce en el cierre de residencias por falta de recursos.
No bastan mejorías parciales
La declaración episcopal añade que "no bastan mejorías parciales a un sistema que hay que pensar desde sus bases y que requiere de cambios muy radicales para cumplir una función tan delicada para la niñez y el conjunto de la sociedad".
Los obispos esperan que, con el liderazgo de las autoridades de los poderes del Estado, "pasemos del actual contexto de indignación, de críticas y acusaciones cruzadas a la resolución urgente y clara de medidas que efectivamente pongan en el centro el bienestar y la vida de los niños y niñas, entendiendo que son sujetos de derecho y que el cuidado de su dignidad debería ser una prioridad efectiva para el quehacer del Estado, como garante de sus derechos, y de la sociedad en su conjunto".
Finalmente, los pastores valoran como un bien para Chile el esfuerzo que despliegan las instituciones por el bienestar e integridad de los más marginados y vulnerados, y su compromiso con el respeto de su dignidad y derechos. "Desde hace décadas muchas instancias religiosas han volcado su misión evangelizadora al servicio y acompañamiento de la niñez y la juventud vulnerada, en medio de complejas dificultades de financiamiento y trabas de diversa índole que el sistema pone a su labor. A pesar de ello, seguimos convencidos de que parte de nuestra misión evangelizadora es acoger a los más pequeños del Señor y esforzarnos por ofrecerles ambientes sanos, seguros y confiables para que se desarrollen y contribuyan al bien común de Chile", concluyen.
Ver texto completo de la declaración
Fuente: Prensa CECh